La gasolina aumenta un 22,1%, y el diésel un 23%, según datos del Instituto Nacional de Estadística
El precio de la luz se aproxima al encendido de las calefacciones invernales a un ritmo inquietantemente elevado. Y una de las balas en la recámara con que contaba el Gobierno para hacerle frente quedó encasquillada este miércoles: finalmente, pese a las presiones de España, a corto plazo no habrá una solución conjunta impulsada desde Bruselas. Eso significa que el Ejecutivo deberá explorar sus propias vías para hacer frente a una crisis que está erosionando las cuentas de las empresas y la economía de los hogares, y amenaza con convertirse en fuente de desgaste frente a los electores. El Instituto Nacional de Estadística ha puesto números, una vez más, a ese repunte que parece no tener fin: la electricidad subió en septiembre un 10,9% respecto a agosto, un 44% si se compara con el año pasado.
El coste de la vida lleva aumentando en España siete meses de manera consecutiva. Y la inflación, aupada a la cota del 4%, se encuentra en máximos de 13 años. La tendencia es global: Estados Unidos camina sobre una inflación del 5,4% y los países del euro del 3,4%. España, en esa zona a medio camino, no solo lidia con el estrés de los contadores de luz. Inflamada por el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales, la gasolina ha subido un 22,1% en 12 meses, y el diésel, un 23%. A ellos se suman las tensiones en las cadenas de producción. O como explicó esta semana la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva: “El contraste entre una demanda que crece con rapidez, gracias a las vacunas y a las políticas de estímulo, y un suministro que cae, provoca presión sobre los precios”.
El índice de precios de consumo, que sigue la evolución de los precios para 221 productos o servicios, muestra que al binomio de electricidad y combustibles se suma también, en menor medida, el alza provocada por la vuelta de los viajes: los precios de los establecimientos hoteleros avanzaron un 10,8%, y los paquetes turísticos nacionales se encarecieron un 4,3% frente al mismo mes de 2020, aunque caen con fuerza frente a la temporada alta de agosto —los internacionales siguen sin recuperarse, y bajaron un 1,7% interanual—. En otros productos muy relacionados con la estación del año, como la ropa, el cambio se ha notado especialmente si se compara con agosto: el vestido y calzado subió un 5,3%.
En la lista también se reflejan nuevas realidades que pueden estar ligadas a la pandemia: los seguros de salud privados subieron un 5,2% frente a 2020. Entre los que más se encarecen respecto al año anterior hay productos como el aceite de oliva (+25,6%), un hecho que desde el sector vinculan a una reducción de la cosecha y una mayor demanda exterior. En el lado opuesto, cae con fuerza el precio de peajes, aparcamientos públicos y parquímetros (-22,5%).
Las subidas de precios son, potencialmente, una de las mayores causas de malestar ciudadano con la política. Aunque medidas como el incremento del salario mínimo o las revalorizaciones de las pensiones y del salario de los funcionarios traten de reducir su impacto, la alta inflación se percibe como una suerte de impuesto que devora los ahorros. Y el hecho de que su origen esté parcialmente vinculado a variables sobre las que en ocasiones los gobiernos no tienen poder de intervención, como los máximos históricos del gas en los mercados internacionales, no supone un consuelo.
Este año, la electricidad ha subido todos los meses excepto febrero, cuando el fuerte viento y la caída de la demanda por la subida de temperaturas tras el paso del temporal Filomena provocaron un descenso de las tarifas. En los últimos meses, en cambio, los incrementos de doble dígito se han vuelto habituales: según el INE, subió un 36,9% en abril, un 36,3% en mayo, un 37,1% en junio, un 26,9% en julio y un 34,9% en agosto. España se había desacostumbrado a esa situación: en 2020 el precio registró caídas interanuales en 11 de los 12 meses debido al impacto de la pandemia —solo subió en diciembre—, y en 2019 hubo bajadas en nueve meses. Ahí reside también parte de la explicación del repunte: el aumento del precio de la electricidad se nota más por el efecto comparación respecto a 2020, el año con la luz más barata. Cuando desaparezca ese factor que desvirtúa la estadística, existe la posibilidad de que la presión inflacionista se reduzca, como esperan los bancos centrales, convencidos de que se trata de un fenómeno transitorio.
Sin embargo, a corto plazo, las urgencias siguen presentes. Con las reservas de gas natural por debajo de su media histórica, el tiempo corre en contra para evitar un invierno donde la factura eléctrica profundice en sus récords. España pretendía evitar ese escenario con una acción coordinada de los Veintisiete, pero Bruselas cree que los Estados están “mejor equipados” para tomar medidas que frenen la escalada de precios. La decepción del Gobierno ante la respuesta comunitaria se dejó notar este miércoles: la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, acusó a la Comisión Europea de “incongruente” por presentar propuestas que “no abordan la excepcionalidad de la situación” actual.
La negativa de Bruselas complica también la promesa de Pedro Sánchez de que los consumidores pagarán de media este año lo mismo que en 2018 sin contar el IPC. En septiembre, el precio está un 19% por encima de lo que se abonaba en diciembre de aquel año, pero fuentes del Ejecutivo creen que hay margen para cumplir. Confían en que el Real Decreto-Ley aprobado a mediados de septiembre para abaratar el precio empiece a notarse, y suponga una rebaja de la factura de un consumidor medio de un 22% al mes hasta final de año, lo cual, con la rebaja del IVA aprobada el pasado junio y la supresión temporal del impuesto de generación, calculan que permitirá un ahorro en el recibo del 30%.
