Supone multiplicar por 30 las instalaciones actuales para lo que hará falta una inversión de 4.400 millones de euros
Madrid. Los patronales de la automoción Anfac y Faconauto calculan que España necesitaría tener un total de 340.000 puntos de recarga eléctricos de acceso publico para lograr los objetivos de descarbonización de la unión europea para 2030. Esto significa que tendrían que poner en marcha cerca de 328.500 nuevas instalaciones, puesto que actualmente solo cuenta con 11.517 puntos. Es decir, multiplicar por 30 las instalaciones públicas en tan solo nueve años, algo para lo que hará falta una inversión de 4.400 millones de euros hasta 2030, alcanzando cerca de 13.500 millones para 2040. Así consta en el mapa de despliegue de puntos de recarga de acceso público para vehículos electrificados que ayer presentaron estas asociaciones, una iniciativa que pretender facilitar e impulsar el mercado de los vehículos eléctricos de batería e híbridos enchufables para alcanzar un parque de tres millones de turismos que exige para 2030 el plan nacional integrado de energía y clima.
El sector tiene un fuerte compromiso con la descarbonización y ya esta poniendo en el mercado una amplica oferta de vehiculos electrificados. Pero nos enfrentamos a unos, cada vez más, exigentes objetivos en materia de reducción de emisiones y, por lo tanto, es necesario establecer herramientas a la altura que aceleren la transición, explico el director general de Anfac, José López- Tafall.
Mapa por CC.AA.
Por su parte la vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, Marta Blázquez, hizo hincapié en la necesidad de eliminar las barreras de entrada de los ciudadanos al vehículo eléctrico. Las cifras nos dicen que hoy una de las barreras mas importantes es la falta de una red pública de puntos de recarga numerosas y suficiente extendida por toda la geografía de nuestro país, argumento la directiva. Anfac y Faconauto han desarrollado una metodología que permite planificar y monitorizar, año a año, y a nivel cuantitativo y cualitativo, el desarrollo de la infraestructura de recarga de acceso público necesaria a nivel nacional, comunidades autónomas, provincias y principales corredores por nivel de intensidad media de transporte, para cumplir los objetivos de penetración de vehículos electrificados.